¿Qué ocurrió?
Fue el 27 de enero del 2020 cuando una joven mujer venezolana ingresó a Chile a través de un paso ilegal ubicado en la zona norte del país, para lo cual, afirmó que debió pagar 200 dólares a un sujeto desconocido. Luego, esta persona realizó auto denuncia ante la PDI, revelando que su interés era reunirse en Chile con su hermana también venezolana, un cuñado chileno y el hijo de ambos, todos los cuales viven en Talca.
¿Qué pasó recientemente?
En fecha reciente, la PDI emitió un informe confirmando el ingreso ilegal de esta joven venezolana. Tras ello, la Intendencia del Maule denunció este delito a la fiscalía, pero con posterioridad se desistió y, a continuación, decretó la expulsión de esa persona. Por esta medida, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede Talca, presentó un recurso de amparo en favor de la persona afectada con la medida administrativa.
¿Qué hizo la Corte de Talca?
La Corte de Apelaciones de Talca dio curso al recurso de amparo, solicitando un informe a la Intendencia del Maule. Luego, este martes, se llevaron a cabo los alegatos ante la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que fue conformado por los ministros, Olga Morales y Rodrigo Biel, junto al abogado integrante, Abel Bravo.
¿Qué expuso el INDH?
La abogada, Andrea Hernández, planteó que se deje sin efecto la medida de expulsión decretada el 27 de enero del presente año y, a la vez, que se acoja a tramitación la solicitud de residencia presentada por esta persona. Para ello, sostuvo que al desistirse de la denuncia por ingreso ilegal al país, la Intendencia puso fin a la acción penal del Ministerio Público, con lo cual, no existe juicio pendiente y tampoco un tribunal que regule el debido proceso sobre la persona afectada con la expulsión. A la vez, afirmó que, en este caso, existen indicios de una reunificación familiar, lo cual viene a constituir un argumento relevante para acoger el recurso de amparo, según el parte recurrente.
¿Qué respondió la Intendencia?
En la ocasión, la abogada, Bárbara Vistoso, presentó alegatos a nombre de la Intendencia del Maule. En su exposición, sostuvo que la resolución de expulsión del 27 de enero de 2021 está ajustada a la ley, destacando que la Intendencia está facultada para aplicar en forma administrativa la ley de extranjería, entre cuyas medidas, se cuenta la expulsión. Añadió que, en el caso específico, esta persona también pasó en forma ilegal por Ecuador y Perú, para replicar este procedimiento de ingreso ilegal en el caso de Chile. Destacó también que no ha presentado antecedentes que permitan verificar una situación de refugio. Por lo tanto, concluyó que “esta medida de expulsión no se toma la mero arbitrio, sino en casos donde la infracción aparece de manifiesto. El derecho a ser oído de la extranjera, quien reconoce su ingreso clandestino, se cumplió en su autodenuncia”.
¿Existen otros casos similares?
Durante el presente año, la Corte de Apelaciones de Talca ha visto un caso de similares características, es decir, también de una mujer de nacionalidad venezolana que realizó ingreso ilegal, luego se autodenunció y, tras informe de la PDI, la Gobernación Provincial de Talca procedió también a desistirse de denuncia a la fiscalía y decretó su expulsión. En este caso específico, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca –conformada por tres ministros titulares, esto es, Olga Morales, Carlos Carrillo y Moisés Muñoz- acogió en fallo unánime un recurso de amparo a favor de esta persona extranjera, por estimar que la medida administrativa no fue correctamente fundada en el debido proceso, dejando sin efecto la expulsión. Sin embargo, esta sentencia fue apelada y revisada por la Corte Suprema, en específico, en la segunda sala penal, donde se revocó la sentencia de la Corte de Talca y se rechazó el recurso de amparo, por estimar que la autoridad administrativa habría actuado apegada a la normativa legal vigente.
