Gustavo Varela Rozas, Académico Carrera de Administración Pública, Universidad Autónoma de Chile – Talca
Aunque el MEPCO está diseñado como un mecanismo de estabilización, desde el punto de vista del gasto fiscal opera como un subsidio contingente: cuando amortigua el alza de los combustibles, no elimina el costo del shock externo, sino que lo traslada al Fisco. Por tanto, el debate no radica en la estabilización del precio de las bencinas, sino en cómo el Estado administra fiscalmente ese costo y distribuye sus efectos. Reducir la intensidad del MEPCO no es una respuesta puramente técnica, sino una decisión política sobre quién asume el ajuste: si el presupuesto público, mediante mayor gasto o menor recaudación, o los hogares y pymes, mediante un alza inmediata en los precios al consumidor. Ese es el dilema: si el Estado amortigua el shock, protege los ingresos y modera los efectos inflacionarios, pero tensiona las cuentas fiscales; si reduce la amortiguación, resguarda las cuentas fiscales, pero traslada el costo a los hogares, las pymes y al resto de la economía.
Desde la racionalidad política, intervenir es comprensible porque sus efectos son visibles e inmediatos: afectan al transporte, la logística, los alimentos y todo lo que implica el costo de vida. Pero desde la racionalidad económica, toda contención del precio al consumidor implica una carga fiscal. El punto central de la discusión no es que el petróleo suba en el mercado internacional, sino cómo se gestiona ese shock. El argumento del “fisco sin caja” justifica la cautela, pero no demuestra una única alternativa. El MEPCO se financia con recursos del impuesto específico: reducir su uso no solo ahorra gasto, sino que también mantiene una recaudación que —sumada al IVA que grava el precio final— representa una carga tributaria que recae directamente en los hogares. Toda vez que esa prudencia se combina con otras decisiones de política fiscal, el ajuste no desaparece: cambia de lugar. En vez de expresarse como gasto fiscal explícito, se traslada al presupuesto de las familias. A esto se suman compensaciones subsidiarias —transporte público, parafina, taxis, apoyos sectoriales— que atienden conflictos inmediatos, pero configuran una política fiscal de carácter reactivo, en la que la presión coyuntural puede predominar sobre los criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal.
Por eso, esta discusión no es solo política, sino también fiscal y, sobre todo, distributiva. Una vez descartada la retórica del “Estado quebrado”, conviene recordar que el Estado no quiebra: puede enfrentar estrechez de caja, deterioro fiscal o restricciones de liquidez, pero no quiebra como una empresa o un hogar. Lo que queda, entonces, es una discusión sobre las prioridades de gasto y la capacidad del Estado para procesar shocks externos sin debilitar su función estabilizadora. Desde esa perspectiva, la racionalidad política busca hacer gobernable el presente; la racionalidad económica, en cambio, exige identificar quién financia esa gobernabilidad y bajo qué reglas se ordenan las prioridades públicas. Cuando el costo del ajuste se desplaza del gasto fiscal a los hogares, la prudencia presupuestaria puede acarrear efectos distributivos adversos, especialmente para quienes disponen de menor capacidad de adaptación.
