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Los libros de muertos: Una historia viva

 

En julio de 1884, bajo el Gobierno de Don Domingo Santa María, se publica la ley sobre Registro Civil, encomendándose al oficial llevar por duplicado la constancia de nacimientos, matrimonios y defunciones, cerrando así el largo ciclo iniciado en 1563 –por disposición del Concilio de Trento– en que la Iglesia Católica fue la encargada de llevar registro de  sus feligreses –que en principio era toda la población por ser la religión oficial- sobre dichos hitos, instancias claves en la vida de las personas.

Estos volúmenes se denominan “registros vitales”, y por contener mucha información personal y de contexto son una valiosa fuente de consulta para genealogistas e historiadores, que en la mayoría de las parroquias rurales –que son por lo demás las de mayor antigüedad– se encuentran en un precario estado de conservación, lo que –por el paso del tiempo y las condiciones ambientales– amenaza seriamente su existencia.

Desde hace algunos años, por interés académico, nos empezamos a ocupar de aquellos documentos, lo que permitió la obtención de importante información que ha sido referida en libros, artículos científicos y de prensa, con el objetivo de poner en valor los antecedentes sobre la vida privada de los sujetos coloniales, e intentar explicar la composición y dinamismo de las sociedades en que se insertaban, como la que nos proporciona el libro de defunciones de la parroquia de Curepto (1682 y 1749), que se guarda en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de dicha comuna. 

Curepto se ubica en el secano costero, a 75 kilómetros de Talca, y tiene antecedentes de ocupación desde hace 3.700 años aproximadamente. Su nombre proviene del mapudungun “Kureftün o Kuruftün” que significa “correr viento o tomar aire”, aun cuando hay otras interpretaciones que lo asocian con “tierra negra, teñir negro o coito”, y comenzó a formarse a inicios del siglo XVII alrededor de la hacienda del mismo nombre, de propiedad de Francisco Sánchez de Obregón. 

El compromiso evangelizador de la corona española en el Maule Profundo fue asumido por los denominados “curas doctrineros”,  que asentados en un lugar -generalmente pueblo de indios– recorren una vasta zona prestando sus servicios espirituales y políticos, como la que nos muestra el registro comentado, que identifica asentamientos como Peteroa, Huenchullami, Astillero, Lontué, Limávida, Llongocura, y las capillas privadas de doña Ana del Águila,  del cabo de escuadra don Juan de Mendoza y de doña Fabiana de Ocampo. 

Peteroa es reconocido como el primer asentamiento de doctrina del corregimiento del Maule, lugar sito en la encomienda de Juan Jofre de Loaiza, cedida por Valdivia en 1552; y servido por el cura don Juan de Hoces. Seguramente por la mayor concentración poblacional y cercanía a otros asentamientos, la sede paso a Llongocura y finalmente a Curepto en 1783, donde estuvo el oratorio de la encomendera doña Fabiana de Ocampo, “dueña de Curetu (…)  (quien) para la atención de sus servidores y de los numerosos habitantes de la zona, estableció junto a sus casas un oratorio bien dotado, con una capilla con su ornamento, cáliz y misal…”. La primera iglesia era de una nave, de más de 20 metros de largo por unos 6 de ancho, y su techumbre era de paja totora y sirvió hasta 1844, lugar donde se había asentado a partir del 28 de septiembre de 1783. 

El segundo templo comenzó a edificarse en 1835, y fue construido gracias a la colaboración de todos los vecinos del pueblo y sus alrededores; siendo “los pilares interiores traídos desde el sur, desembarcados frente a Putú y de allí llevados en carreta hasta el pueblo de Curepto”. A su inauguración asistieron más de 2.000 personas, ceremonia que estuvo a cargo del cura José Dionisio González. El templo actual tiene un largo de 45 metros y 18 de ancho, con una torre principal de 40 metros de altura, con 3 naves separadas por pilares de madera a modo de columnas. Es una construcción de adobes y madeja con techumbre de teja, dedicada a la Virgen del Rosario, una imagen confeccionada en madera y traída desde Llongocura en 1755.

El referido documento registra 696 fallecimientos, que consideran españoles, indios, mestizos, castas y extranjeros provenientes de reinos católicos. Estas anotaciones en particular debían considerar: nombre del o la causante y su condición étnica, fecha y lugar donde se producía el enterramiento, edad y lugar de origen del causante, nombre de sus progenitores, eventualmente causa de su muerte, la recepción de los sacramentos, su voluntad de testar, estado civil y nombre/firma del oficiante, como –por ejemplo– el caso siguiente: “Domingo, indio. En veintisiete de febrero de mil setecientos y uno, enterré en la capilla de Lontué el cuerpo de Domingo, indio, de hedad de dos años, natural de Peteroa, hijo lejitimo de Domingo, indio natural de Peteroa y de Felisiana, india de la encomienda del capitán don Manuel de Caraxal. Y por ser verdad, lo firmé. Don Antonio de Alarcón”; lo que no siempre era respetado por el cura, siendo permanentemente observado en el control que hacía de ellos el obispo de Santiago de manera efectiva o por medio de un enviado llamado “visitador”, buscando mantener el necesario orden en la documentación. 

A modo de ejemplo se transcribe el registro de visita de la realizada en Lontué a 9 de octubre de 1699 por el Licenciado don Pedro Martínez de la Puebla en representación del obispo don Francisco de la Puebla González, donde se pueden apreciar los requerimientos de información y las instrucciones para una gestión eficiente: “(…)  y aviendole reconocido sus partidas las hallo diminutas por faltar en ellas si los que murieron, antes de sus muertes resibieron o no los santos sacramentos y si hicieron testamentos o no, y quienes fueron sus albaceas y tenedores de bienes, y ante que escribano los otorgaron, y para que se enmiende lo de suso referido mandaba y mando el dicho señor visitador que (…)  Antonio de Alarcón ponga en las partidas que asentare en adelante en este libro si resibieron los sacramentos, o no antes de sus fallecimientos los que están asentados en él y si hicieron testamentos o no, y ante quienes los hicieron y los albaceas que dexaron y tenedores de bienes y lo cumplirá so pena de excomunión maior late sententis y de veinte pesos aplicados en la forma ordinaria, y assi mesmo se le manda al dicho cura haga una libro de cien fojas que se intitulara de fábrica para asentar en el todos los bienes de la parroquia y vice parroquias y las órdenes y mandados de los visitadores, y luego que lo acabe hará inbentario en el de dichos bienes de las dichas parroquias y vice parroquias y lo ejecutara dentro de dos meses de (plazo) de las penas arriba contenidas y assi lo probeyo, mando y firmo su merced” (sic).

En el registro de defunciones tenido a la vista podemos identificar a ocho doctrineros, a saber: don Antonio de Alarcón (1682-1711), don Juan Eusebio Guzmán (1711-1712), don Juan de Béliz (1712-1713), don Francisco García de Cárdenas y Mendoza (1714 – 1720), don Pedro de Astudillo (1721), don Joaquín de Vera (1721-1747) y don Agustín Antonio de Toro (1749). 

El análisis de la información nos proporciona antecedentes claves para entender la dinámica poblacional y sociocultural del área circundante al rio Mataquito, como el tipo étnico (indios, españoles, mestizos y castas), la subsistencia de la condición de sujetos originarios, identificación de los nuevos grandes propietarios o encomenderos, promedio de vida, entre otros, asuntos que serán abordados con mayor profundidad en textos siguientes. 

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