Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario de Curicó aseguran que existían todas las condiciones para aplicar la acción a favor de los menores
¿Qué ocurrió?
El Tribunal de Familia de Curicó, decretó el 21 de abril la medida de protección en favor de cinco niñas y niños que habitan en la toma ilegal en la ribera del río Guaiquillo, sector Dragones Sur, sin embargo, este miércoles el juez Fernando Bravo revocó dicha resolución, cuando desde el servicio Mejor Niñez se había dispuesto de los cupos para los menores en dos residencias.
¿Cómo surge esta acción de protección?
De acuerdo con la directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo, el municipio inició todas las gestiones que están en su competencia para proteger a estos menores de edad a través de la oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD).
Por lo mismo, presentó un escrito al tribunal que señalaba las condiciones en la que están viviendo estos niños lo que en su momento fue acogido por el juzgado que determinó la medida de amparo y ordena que con el apoyo de carabineros se realice el traslado de ellos a centros de protección que destine el servicio de Mejor Niñez.
Pilar Contardo aclara que “el 21 de abril recibimos la notificación por parte del Tribunal de Familia donde se decreta la medida de protección para cinco de estas niñas y niños en cuatro causas porque dos eran hermanos. Lo que opera entonces es que el tribunal instruye el retiro, se toman las medidas en torno a eso, a partir de una serie de procedimientos que se realizan en conjunto con Carabineros y es el mismo tribunal quien decreta y señala que es la institucionalidad de Mejor Niñez a quien le corresponde disponer de los espacios en alguna residencia para que estas niñas y niños puedan irse en resguardo mientras su familia puedan alcanzar las condiciones necesarias para poder recuperarlos”.
¿Qué ocurrió para revertir la medida?
La profesional aclaró que desde que inició esta toma ilegal de terrenos, el municipio se hizo presente el lugar para conocer la condición social de las familias que se estaban instalando en el lugar y, con el fin de tener una correcta comunicación con las personas extranjeras lo hicieron en compañía de intérpretes de la Oficina de Asuntos Migratorios, lo mismo que estaba considerado para el procedimiento que se iba a realizar ayer, por lo que la barrera idiomática era algo que estaba resuelto desde un principio y con la participación de dos intérpretes para poder explicar de manera clara el procedimiento y las acciones que deben realizar para recuperarlos.
Con respecto a la supuesta falta de antecedentes manifestada por el juez de Familia, Fernando Bravo, la directora de Desarrollo Comunitario, detalló que a fines del marzo, cuando se hizo la presentación, se entregaron todos los antecedentes que tenía el municipio en ese instante, los cuales fueron acogidos por el Tribunal de Familia, con los cuales el juzgado decreta la medida de protección para los cinco niños, por lo que considera que no existían antecedentes pendientes en este caso.
¿Cuál es la responsabilidad del municipio?
Contardo manifestó su preocupación de que circule información errónea sosteniendo que “desde el municipio y desde nuestro alcalde (Javier Muñoz) se ha golpeado muchas puertas, se ha participado en muchas mesas, pero hasta el minuto no hemos tenido el suficiente respaldo para poder dar una respuesta efectiva y eficaz para que estas familias puedan mejorar su situación y para que todo el sector de Dragones Sur -que hoy día se está viendo fuertemente afectado- pueda también vivir de manera adecuada, por lo tanto, nos interesa profundamente aclarar que aquí hubo un procedimiento que se inició a finales de marzo, que tuvo una resolución de tribunal, que no había en esos casos antecedentes pendientes y que estaba hoy día ad portas de ejecutarse tomando todas las medidas necesarias considerando temas de salud, de contención, idiomáticos, sin embargo a las 8:34 del día de hoy (miércoles) somos notificado vía correo electrónico de la cancelación de este operativo”.
