La toma que comenzó con 20 viviendas creció a más de 200 en un terreno municipal, junto al rio. Desde su instalación ha sido un dolor de cabeza para las autoridades de gobierno y el municipio.
¿Qué pasó?
La controversia en torno a la toma ilegal de un terreno municipal en sector Dragones, en la parte surponiente de Curicó, por parte de más de medio millar de personas, va en aumento, y más aún cuando las autoridades locales -de la municipalidad por un lado y del gobierno por otro- no terminan en colocarse de acuerdo en cuanto al destino de las más de 200 viviendas y de sus familias, principalmente haitianas allí instaladas.
Pese a que todos coinciden en que la toma es ilegal y a que el desalojo es la medida más propicia, de igual forma la polémica se ha desatado entre municipalidad de Curicó y la Delegación Provincial. Ejemplo de esto es que hace algunas semanas, el debate se centró en quién debía hacerse cargo del costo y gasto por el sistema de suministro eléctrico que usan las casas que se emplazan en el terreno municipal en cuestión.
Quien paga la luz
De hecho, el Delegado Presidencial José Patricio Correa argumentó que por ser un terreno municipal es el propietario del lugar, es decir la municipalidad, la que debe asumir el gasto cuando llegase la cuenta de la luz. El alcalde Javier Muñoz no tardó en responder enfáticamente “que no nos haremos cargo de un servicio que no hemos pedido, y que, en este caso, pague quien solicitó la implementación del sistema”, mirando de reojo a la Delegación.
Y esto no termina ahí, porque cuando esa controversia aún estaba en camino de seguir subiendo en intensidad apareció una nueva, y más bien reflotó una que ya había estado en medio de la discusión: Es que la municipalidad de Curicó en los últimos días reiteró un oficio a la Delegación Presidencial solicitando apoyo para el desalojo y en específico la gestión para contar con la fuerza pública, carabineros, que dependen precisamente de la autoridad de gobierno.
¿Qué dijo carabineros?
En la conflictiva situación entró a lidiar la autoridad provincial de carabineros, el coronel Oscar Muñoz, quien al ser consultado indicó que están disponibles para ejecutar el apoyo requerido, siempre y cuando el municipio disponga de un lugar al cual sean destinadas las personas erradicadas, no antes.
“La municipalidad que requiere la salida de estas personas, debe también contar con respectivos espacios para que estas personas puedan quedarse después de ser sacadas – añadiendo- que la municipalidad debe garantizar donde vamos a dejar momentáneamente a esas personas en caso que llevemos a cabo ese trabajo”, explicó el prefecto de carabineros.
“Eso tiene que estar garantizado, para poder actuar (carabineros), porque no debemos pretender sacar a esas personas, dejarlas en las calles y ahí terminar nuestro trabajo, no, tiene que (primero) estar garatizando (el lugar de destino) y esa garantía tiene que otorgarla quien solicite la salida de esas personas de dicho lugar –precisando- que vamos a actuar cuando se nos ordene actuar y eso va a ser cuando esté todo debidamente dispuesto para hacer un buen trabajo”, insistió Muñoz.
¿Que manifestó el Delegado Presidencial de Curicó?
En la misma línea el Delegado Correa reconoció que se trata de una toma ilegal, y que efectivamente se recibió la solicitud de apoyo para el desalojo, sin embargo, coincidió con el coronel de carabineros, en cuanto a “a que se debe disponer de un lugar para albergar a las personas que se vayan a desalojar”.
Mencionó como ejemplo una situación similar, en un terreno municipal, de la quinta región, “en que se desaloja, y el tribunal determinó que el dueño del terreno, quien solicitaba este desalojo debía, no solo contar con el personal, la maquinaria para ejecutarlo, sino también tener un recinto para albergar en forma temporal a las personas que eran desalojadas”, afirmó Correa.
La autoridad de gobierno indicó que en lo inmediato traspasaron la solicitud municipal al departamento jurídico para que sea revisada y también se están realizando consultas al Consejo de Defensa del Estado. Si este último “nos indica (que la solicitud) está dentro del marco legal, nosotros no tenemos ningún problema en solicitar, apoyar, el auxilio de la fuerza pública”.
¿Qué respondió el alcalde?
Ante estas respuestas, el alcalde Javier Muñoz recordó que esta es la segunda vez en que piden la fuerza pública para apoyo al desalojo: “la primera fue en julio del año pasado, de lo cual no tuvimos respuesta y ahora estamos reiterando este oficio, para tener apoyo, ya que tenemos la orden de demolición de parte de la dirección de Obras municipales”.
Recordó que el fundamento de esta intención de erradicar “es que se trata de viviendas irregulares, sobre un terreno que no tiene destino habitacional, es ribera del rio, por lo tanto zona inundable, además no cuenta con norma urbanística alguna y que (la toma) ha generado también una serie de problemas a los habitantes de ese sector, como Dragones, Galvarino y alrededores, cortes de energía, disminución de los voltajes, problemas con el agua, con el alcantarillado del sector y varias situaciones más”, explicó.
Frente a los dichos del Delegado, el alcalde respondió “que no tengo porque hacerme cargo” de situaciones como la migratoria, ni de vivienda. “Estos son temas y problemas que debe asumir el Estado de Chile, más aún de las complicaciones que generen los migrantes ilegales, y lo segundo es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, no es responsabilidad de las municipalidades, por lo tanto, aquí si alguien se tiene que hacer cargo es el Estado, y quien representa aquí al gobierno, por cierto, que es el Delegado presidencial”.
¿Que dijo del Delegado regional?
De paso el jefe comunal contó que hace algunos meses – cerca de un año- el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, comprometió acciones de tres Seremi, Desarrollo Social, Vivienda y de la Mujer, para solucionar las situaciones derivadas de esta toma, lo que a todas luces no se ha cumplido.
¿Que opinó el jefe jurídico de la municipalidad?
“No existe ninguna ley que obligue al municipio a contar con un inmueble, vivienda o espacio para trasladar a las familias en el eventual desalojo de terrenos ocupados ilegalmente, como en este caso en la ribera del rio Guaiquillo”, aseguró director jurídico del municipio curicano Juan Barrera, en en respuesta al prefecto de Carabineros Oscar Muñoz.
“Condicionar el cumplimiento de un mandato legal a situaciones que no están previstas en la ley, no corresponde, es un error lo afirmado por el prefecto de Carabineros. Condicionar el cumplimiento de un decreto dictado en conformidad a la ley, no resulta pertinente, ni razonable, por lo que esperamos que dentro de la brevedad el municipio tenga respuesta del delegado presidencial para que coordine el contingente policial necesario y cumplir con el decreto dictado en conformidad a la ley y a la constitución”, agregó el profesional.
¿Qué expresó la encargada de DIDECO?
Por su parte la DIDECO (Dirección de Desarrollo comunitario, Pilar Contardo dijo que “no es el municipio quien tiene la responsabilidad de reubicar a estas personas, no es nuestro rol no somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de resolver las problemáticas de vivienda de las personas de la comuna, nosotros podemos interceder, colaborar, como lo hacemos con los grupos habitacionales cuando existen, les ayudamos con las gestiones, se postulan proyectos, pero no somos nosotros el ente desde el Estado que debe abordar esas temáticas.
