“Cuenta de la luz” reflotó complicaciones causadas por “toma ilegal” de terreno municipal
La controversia por ocupación ilícita data desde aproximadamente dos años, y tiene acciones en tribunales, fiscalía y decretos sin ejecutar de demolición sin ejecutar.
¿Y quién va a pagar la cuenta de la luz?. Es la interrogante que desató la controversia entre el alcalde de la comuna, Javier Muñoz y el representante del Gobierno en la provincia, el Delegado Presidencial, José Patricio Correa. Esto, en torno a la situación incierta de una toma ilegal de un terreno, junto al rio Guaiquillo, en la parte sur de Curicó, que desde hace dos años es protagonizada por varias decenas de extranjeros, principalmente haitianos.
Con este entrevero, lo que se hizo fue reflotar una polémica, que en todo caso no es nueva, y que silenciosamente ya logra larga data, desde mitad del 2021, cuando unos pocos haitianos decidieron ocupar, al margen de toda legalidad, un terreno a metros de la ribera norte del Guaiquillo y cerca de la población Dragones. Al principio se desconocía la propiedad del sitio, sin embargo, luego se afirmó que el lugar era municipal.
“Colgados” del sistema
Como en un comienzo no hubo atajo, los pocos haitianos se transformaron en muchos, las chozas se convirtieron casas, y lo esporádico se tradujo en una pequeña villa y más tarde en una verdadera población. Con ello, entre el 2021 y el 2022 comenzaron a llegar los primeros problemas, con los vecinos principalmente, considerando que el lugar no está urbanizado, es decir no cuenta, por ejemplo, con agua potable, ni energía eléctrica.
Esto último generó que los “nuevos vecinos” se “colgaran” al sistema de suministro eléctrico existente en el sector, perteneciente a la antigua población Dragones sur de Curicó, lo que provocó varios cortes, quemazón de algunos electrodomésticos y al reclamar los afectados recibieron más de alguna respuesta violenta de parte de los integrantes de la toma, la que, por su parte, de 20 pasó a 50 viviendas y hoy llega a más de 150, según estimaciones.
Anterior y actual gobierno
En el intertanto y tras reclamos de los vecinos de “Dragones sur”, junto al desazón general a causa de la facilidad con que se generó una villa en base a una toma ilegal, las autoridades provinciales y regionales del anterior gobierno y luego del actual, más el municipio intentaron intervenir en el tema, pero no llegaron a acuerdo en la forma de hacerlo, incluso iniciándose acciones legales, las que aún se encuentran en el congelador.
A fines del 2021 el ex Delegado provincial Leopoldo Ibáñez (representante del Gobierno de Sebastián Piñera), mientras la toma en forma abismante crecía día a día, emitió un decreto que tuvo el objetivo de erradicar la ocupación. En el 2022 las autoridades entrantes, Delegados presidenciales, provincial y regional, dijeron que el decreto anterior tenía “irregularidades”, por lo que no fue posible ejecutarlo.
Hace un año
Del mencionado decreto “es uno de los temas jurídicos que se está revisando, ya que tiene algunas irregularidades desde el punto de vista legal, lo más seguro es que quede sin efecto porque se cometieron irregularidades al pasar las facultades que tenía el delegado y también en la redacción del decreto”, dijo el delegado regional del Maule, Humberto Aqueveque, en abril del 2022, tras una reunión con el alcalde Javier Muñoz.
En todo caso, en ese encuentro la autoridad regional indicó “que no vamos a permitir que haya chilenos mal utilizando terrenos, haciendo negocio con ellos, cometiendo ilegalidades e irregularidades y estamos trabajando desde el punto de vista de la persecución penal en esa materia – añadiendo- que “también estamos viendo cómo será el proceso de desalojo, pero también de reubicación de las personas”, afirmó en la ocasión.
Decreto de Demolición
En mayo del 2022, el municipio emitió un decreto de demolición de las viviendas levantadas, por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción lo que tampoco se ejecutó, “ya que, para hacerlo, hay que contar con personal y maquinaria y principalmente seguridad para dar cumplimiento al decreto, es decir la participación de la fuerza pública”, la que depende de la autoridad gobierno, explicaron desde la municipalidad.
Por eso, que, en agosto del 2022, el alcalde envió un oficio al Delegado Provincial José Patricio Correa solicitando pudiese gestionar apoyo de carabineros para el cumplimiento de la demolición. La petición, dijeron en la municipalidad, en más de medio año transcurrido, no ha tenido respuesta, ni avance. Tampoco las acciones en la fiscalía local o en tribunales donde existe una querella por usurpación de terreno, entablada febrero, del año pasado.
En los posteriores meses la controversia fue bajando de volumen, el que se elevó en las últimas semanas, cuando se conoció que la empresa eléctrica, CGE, para evitar los cortes y problemas a los pobladores del sector Dragones Sur, habían instalado un sistema de suministro paralelo para la “toma”, desconociendo quien o que organismo solicitó este servicio. Por ello surgió la interrogante, ¿Quién paga la cuenta de la luz de varios meses?, considerando que se trata de una ocupación ilícita y en un terreno municipal.
¿Quién paga la luz?
El delegado presidencial José Patricio Correa, afirmó que “siempre, quien se hace cargo del servicio y por ello de pagar la cuenta es el dueño del terreno, en este caso la municipalidad, y siempre ha sido así, es el municipio que ante un cobro de la empresa eléctrica debe asumir el costo del servicio, es el dueño del terreno”, reiteró.
Esta respuesta trajo inmediata reacción del alcalde Javier Muñoz, quien dijo “que no he tenido la oportunidad de conversar con el Delegado presidencial esta materia, como para saber cuál es su sustento jurídico en el cual él emite estas opiniones; se lo vamos a consultar, no obstante, si uno, no pide un servicio, no tiene por qué pagarlo, por lo tanto, como municipalidad no vamos a pagar por un servicio que no hemos pedido, y más aún en una toma ilegal”.
“Por lo tanto si alguien tomó la decisión de pedir, de generar este servicio especial, ese alguien deben asumir este costo; si fue la Delegación la que lo pidió, será la Delegación la que deba asumir –agregando- que nosotros por nuestra parte seguiremos con las acciones legales, insistiremos que es una toma ilegal, e insistiremos en tribunales por el desalojo para que se restituya este bien que es municipal, y del cobro que se haga cargo quienes usan el servicio o quine pidió este servicio especial”, acotó.
Protesta de haitianos (en recuadro)
Por momentos esta controversia ha subido de tono, como en la ocasión en que cerca de medio centenar de haitianos, azuzados por un par de chilenos, concurrieron hasta el frontis del municipio y luego de la Delegación Presidencial para en medio de calle y utilizando a pequeños niños como escudos, exigir una vivienda digna para vivir, además de los servicios básicos para la ocupación ilícita. Ante la utilización de los menores, los antecedentes fueron colocados ante el Tribunal de Familia.
